“No hay dudas de que la crisis económica genera un doble fenómeno. Por un lado están las personas que se aprovechan de las necesidades y realizan maniobras para ganar dinero fácil. Pero por el otro, hay otros individuos que buscan la manera de ahorrar dinero y terminan siendo rápidamente engañadas”, sostuvo el fiscal Mariano Fernández, que está al frente de una de las oficinas de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad.

Carlos Saltor coincidió con su colega. “Hay mano de obra que está permanentemente buscando alternativas para quedarse con el dinero de los demás. Cada vez se descubren más maniobras y todas tienen el mismo origen: la crisis económica”, opinó.

En el Ministerio Público hicieron un ranking de modus operandi. Esa lista está liderada por ofrecimientos laborales en el Estado, confección de documentos falsos para acceder a beneficios sociales, otorgamiento de pases gratuitos o descuentos especiales, facilidades para la compra de vivienda o autos o motos.

Tanto Fernández como Saltor indicaron que es imposible determinar con estadísticas la cantidad de denuncias. Sí señalaron que semana a semana surgen nuevas maniobras y que existe un efecto multiplicador. “Cada vez que se difunde un caso, con los días, hay personas que se animan a denunciar lo que le sucedió”, explicaron en una entrevista con LA GACETA.

Establecer cuánto es la ganancia que obtienen es imposible porque no siempre aparecen todos los damnificados. Sí se puede decir que por un certificado trucho cobraban entre $3.000 y $15.000, por el anticipo de una vivienda entre $300.000 y $800.000 o un plus por consulta médica $6.000.

La informalidad es, para los investigadores, un aliado para los estafadores. En los últimos tiempos surgieron casos de personas que comercializaban todo tipo de certificados a través de las redes sociales. “Es increíble, vendían documentos falsos para que una persona tenga licencia por dengue o de aptitud física. Tenían montada toda una estructura y lo publicitan descaradamente. Eso habla que esto es una práctica normal”, explicó un investigador.

En el Ministerio Público se sorprenden por la cantidad de sellos falsos, especialmente de médicos, que encuentran en las investigaciones. “Este es un tema que se debe ordenar de una vez por todos porque siempre vamos por detrás, es decir, cuando el delito ya está consumado”, indicó un investigador.

“En la actualidad, cualquier persona puede presentarse en un comercio del rubro y pedir que le hagan un sello sin que se le exija ningún documento”, aclaró Natalia Huergo, funcionaria del Siprosa. La profesional explicó que por iniciativa del ministro de Salud Luis Medina Ruiz se está elaborando un proyecto de ley para que haya más control. “Con esta norma lo que se pretende es que ningún comercio pueda hacer un sello sin que esté confirmado que está matriculado y tiene habilitación. La idea es que sea para todos, no sólo para los médicos”, finalizó.